¿Pero España no era un Estado de Derecho?
Comité Europeo: Beatriz Etxebarria fue violada en los calabozos de la Guardia Civil.
Ramón SOLA | DONOSTIA
En marzo de 2011, en un
momento en que ya existía un alto el fuego de ETA, la Guardia Civil
practicó una redada en Bizkaia que concluyó con gravísimas denuncias de
torturas. Sobresalía la de Beatriz Etxebarria, que incluía una violación
en los calabozos. Aquel caso fue denunciado por las organizaciones
habituales y por algunos medios como GARA, pero no hubo respuesta del
Gobierno español y tampoco mereció la atención de la práctica totalidad
de partidos e instituciones vascas. Ahora, el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura (CPT) ha recogido ese caso en el informe
relativo a la visita al Estado español que mantuvo dos meses después.
Sitúa el testimonio como «creíble y consistente», igual que otros nueve
más.
Se trata de personas que
fueron detenidas, siempre por la Guardia Civil, en los seis primeros
meses de 2011. El CPT remarca que los testimonios son coincidentes en
detalles como que recibieron golpes y que «les colocaron una bolsa de
plástico en la cabeza, provocándoles sensación de asfixia, una práctica
conocida como `la bolsa’, y que simultáneamente les obligaron a realizar
ejercicios físicos prolongados». Refiere también amenazas y abusos
sexuales.
Entre estos últimos, la
delegación europea se detiene en el caso de Etxebarria (aunque el
informe no incluye nombres concretos en ningún momento y tampoco cita
que se trata de ciudadanos vascos). «Una tercera persona -explica en su
página 16- alegó que había recibido bofetadas y puñetazos durante el
traslado a Madrid a cargo de la Guardia Civil, y que en el curso del
primer interrogatorio en la calle Guzmán el Bueno la mantuvieron
desnuda, la envolvieron en una manta en el suelo y la golpearon
repetidamente. También dijo que en el curso de otro interrogatorio,
mientras llevaba puesta `la bolsa’, le aplicaron vaselina en la vagina y
el ano y le introdujeron un palo en el recto, al tiempo que le
amenazaban con más abusos sexuales si se negaba a hablar. Además, dijo
que la mantuvieron desnuda durante todos los interrogatorios y que
continuó recibiendo amenazas de abusos sexuales a ella y a su pareja: en
particular, dijo que después de haberla mojado con agua, le ataron
electrodos al cuerpo y le amenazaron con aplicarle electricidad».
«El maltrato cesó una
vez que decidió prestar declaración el último día de su detención en
régimen de incomunicación -sigue diciendo el Comité Europeo-. Las
alegaciones de malos tratos, incluido el abuso sexual y las amenazas de
aplicarle electricidad, fueron registradas en los informes del médico
forense en el tercer y cuarto examen», concluye.
Tras resumir todos estos
testimonios, el CPT indica que «a la vista de la información
recopilada, parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el
de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir,
una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de
incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista oral».
Este informe del CPT ha
sido publicado ahora junto a las alegaciones correspondientes emitidas
por el Gobierno español. Curiosamente, pese a que estas últimas ocupan
más del doble de espacio que aquel (205 páginas frente a 102), no hay
réplica alguna contra los párrafos que recogen estos testimonios de
detenidos vascos.
Sí se efectúa una
consideración general posterior, tras enumerar quiénes fueron los
detenidos incomunicados durante esos seis meses (incluida Etxebarria).
Madrid asegura que «las personas detenidas fueron tratadas de forma
correcta durante su estancia en las dependencias de la Guardia Civil y,
en concreto, no se les tomó declaración esposadas, ni encapuchadas ni
con los ojos vendados. Tampoco permanecieron de pie durante largo rato.
No se realizaron tomas de declaración sin la asistencia de abogado de
oficio».
«Todas las declaraciones
se tomaron siguiendo las prescripciones legales y en las diligencias
instruidas constan las horas de comienzo y finalización de los
interrogatorios, queda constancia de los agentes que las realizaron, así
como del instructor y secretario en cada una de las diligencias y actos
de instrucción policial realizados», añade.
Insta a investigar
El argumentario del
Gobierno español ante el CPT se basa en sostener que la incomunicación
es una práctica poco frecuente pero justificada debido a la presunción
de vinculación con ETA de estos detenidos. Asegura que es un régimen que
cuenta con garantías. Y recurre una vez más a afirmar que este tipo de
denuncias de torturas son habituales y forman parte de una maniobra
orquestada.
Alega además que cada
denuncia de torturas es trasladada a los juzgados y que a los sumarios
se incorporan los informes forenses correspondientes. Sin embargo, tras
reflejar los testimionios que recabó, el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura «solicita a las autoridades españolas que
lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los
métodos utilizados por oficiales de la Guardia Civil cuando retengan e
interroguen a personas detenidas». Y añade que «el CPT desea recibir
dentro de un plazo de tres meses un informe detallado sobre las acciones
adoptadas para aplicar estas recomendaciones».
Tras recordar al Estado
que anteriormente ya le trasladó «los criterios necesarios para que una
investigación sobre malos tratos sea eficaz», el CPT lamenta que «parece
deducirse que cuando se formulan estas alegaciones son sistemáticamente
consideradas como no fiables». Indica que le consta que en estos diez
casos se han emitido informes forenses, pero desde los juzgados no se ha
tomado medida alguna para investigar los casos.
En este contexto, hay
que recordar que Europa viene poniendo de manifiesto su constancia de la
negativa del Estado español a investigar torturas. El Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha dictado tres condenas por este
motivo: Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y Martxelo Otamendi.
El caso de Etxebarria
también será visto por Estrasburgo. TAT y Behatokia anunciaron una
demanda el pasado noviembre tras constatar que las diferentes instancias
españolas «se han negado a proceder a cualquier tipo de investigación
con el beneplácito incluso del Constitucional».
«Sorprendente» que todas las redadas sean de un mismo juez: Grande-Marlaska
El carácter periódico de
estas visitas permite al Comité Europeo ir viendo la evolución de la
legislación y la práctica. Así, en este informe de 2011 saluda
positivamente que haya aumentado el número de jueces de Instrucción que
aplican un protocolo de «salvaguardias específicas» para limitar los
efectos de la incomunicación. La delegación europea dice que en 2007
eran dos de los magistrados del tribunal especial los que tomaban estas
medidas y que ahora, cuatro años después, son tres. Sin embargo, a
continuación califica de «sorprendente» que todas las detenciones en
régimen de incomunicación producidas en los cinco meses investigados de
2011 «fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas
salvaguardias».
Aunque el informe evita
detallarlo, se trata de Fernando Grande-Marlaska, que fue el que ordenó
la redada de Bilbo en la que fue detenida Beatriz Etxebarria junto a
Daniel Pastor, Lorena López e Iñigo Zapirain. Todos ellos fueron
encarcelados. Pastor pasó por el hospital durante el periodo de
incomunicación; la versión oficial fue que «se autolesionó».
En sus alegaciones, el
Gobierno español reconoce catorce detenciones incomunicadas durante ese
periodo (siete en enero en Nafarroa contra acusados de integrar Ekin,
las cuatro citadas de Bilbo y dos más en Legorreta y otra en Bera en
abril). Niega cualquier caso de maltrato.
En la actualidad, según
afirmó recientemente en Bilbo el exjefe de lo Penal de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Bermúdez, cinco de los seis jueces de instrucción
de la Audiencia Nacional están dispuestos a aplicar eso que el CPT
denomina «salvaguardias». Las últimas denuncias de torturas producidas
en Euskal Herria son las de Iñaki Igerategi e Iñaxio Otaño, detenidos en
Tolosa y Andoain en febrero de 2012, hace catorce meses.
TAT y Behatokia,
colectivos que lideran la lucha contra la tortura en Euskal Herria,
tomaron este informe como «un espaldarazo» a su labor. Tras resumir las
demandas del Comité Europeo, subrayan «la falta de voluntad evidente que
tiene el Estado español para modificar su actitud». Así las cosas,
invitan a Europa «a tomar medidas al respecto, haciendo uso por ejemplo
de la capacitación ofrecida por el artículo 10, apartado 2 del Convenio:
`Si la parte no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de
las recomendaciones del Comité, este podrá (…) hacer una declaración
pública al respecto».
Por su parte, Amaiur ha
anunciado iniciativas tanto en las Cortes españolas. En el Congreso ha
pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior para que dé
explicaciones. Y en el Senado, Iñaki Goioaga ha presentado una pregunta
dirigida a Mariano Rajoy para que aclare si piensa hacer efectivas las
recomendaciones de este Comité Europeo. R.S.
La Mancha obrera
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