La derecha europea, y especialmente la española, lleva meses especulando sobre las maldades que hará Syriza desde el Gobierno griego en el caso de que gane las elecciones de este domingo. Para hacerse una idea de algunas de las medidas que tomará solo hace falta fijarse en lo que está haciendo en las instituciones que ya gobierna en Grecia
No hay día en que la prensa española no especule, vaticine, tergiverse o mienta acerca del programa electoral de Syriza y sobre qué harán o no si vencen en las elecciones. ¿Hundirán a Grecia en una especie de neo-apocalipsis del tipo Mad Max con desarrapados matándose por el gasoil? Pero lo cierto es que no hace falta desbarrar ni ejercer de futurólogos: se les puede juzgar por su acción de gobierno actual y ya es posible saber algo de cómo administran.
Gobiernan las Islas Jónicas y Ática, la región más poblada de Grecia, en la que vive el 40% de su población. También aproximadamente el 20% de los municipios de la misma región. En estos pocos meses, a pesar de encontrarse un presupuesto ya confeccionado, Syriza aumentó la ayuda de emergencia social en Ática de 1,8 a 13,5 millones de euros. Estableció ayudas para los hogares que no podían pagar la luz, unos 40.000.
Syriza se negó a despedir a más funcionarios. Esta negativa ha hecho que esos alcaldes rebeldes, que aducen que hoy los servicios públicos son más importantes que nunca, tengan querellas por desobediencia ante la justicia.
Abren dispensarios públicos con médicos voluntarios para poder ofrecer acceso universal a algunos de los más de tres millones de griegos que hoy no tienen acceso a la sanidad. El movimiento que la defiende tiene como lema: 'No nos mataréis'. Los partos cuestan más de 700 euros. Una cesárea: 1.200, una radiografía: 100. Las pruebas diagnósticas son tan inalcanzables que las ONG denuncian el aumento imparable de los abortos no deseados.
Syriza ha reducido los impuestos del pequeño comercio y las PYME y aumentado los impuestos municipales de las grandes compañías, bancos y superficies comerciales. Aunque sería más justo decir que han empezado a pagar, pues antes no lo hacían. Organiza mercados para productores locales que venden sus productos más baratos que en los supermercados y colabora con los comedores sociales y los infantiles. También han cancelado proyectos de plantas de gestión de desechos por no cumplir las leyes de impacto ambiental.
¿Y qué más no sabemos de Grecia? De todo. En general, cuando los medios de comunicación españoles hablan de que Syriza pretende privatizar servicios como transportes, agua o luz, ocultan que muchos antes eran públicos, solventes y fueron casi regalados a grandes empresas. La televisión pública griega fue cerrada justo unas semanas después de las concesiones de licencias televisivas a empresarios del entretenimiento que soslayan en los informativos el empobrecimiento generalizado.
El transporte ferroviario, que daba beneficios, se privatizó con el aplauso del comisario europeo del PSOE, Joaquín Almunia. Y solo después de privatizarse el gobierno griego consideró oportuno subvencionar a las empresas beneficiarias.
El mismo gobierno vende casi treinta ministerios y edificios públicos por 260 millones y firma un contrato de alquiler con la empresa que los compra para seguir usándolos por 30 millones al año, haciéndose cargo además del mantenimiento. Una cláusula cómica establece el derecho del gobierno a recomprarlos en el futuro.
Los mismos negociazos se han visto en la privatización de la lotería: una concesión por doce años a cambio de lo que el gobierno recaudaba en tres. Empresarios relacionados con el gobierno se hacen con islas, playas, terrenos y edificios olímpicos a precios de risa. Por supuesto, ni un euro de todos estos revierte en los griegos sino que van directamente al fondo para el pago de la deuda.
Pero estas son pequeñas cosillas en comparación con la venta de las minas de oro de Calcidia. La empresa que las gestionaba provocó un desastre medioambiental. Antes de hacerse cargo de las indemnizaciones se declaró en quiebra. El estado griego también perdonó las cotizaciones sociales debidas y compró por 11 millones los derechos de explotación. A las pocas horas los vendió por el mismo precio a una empresa constituida dos días antes. Esta, a su vez, vendió el 9% de la explotación a un holding catarí por 175 millones. Solo el 9% valía dieciséis veces más que lo que recaudaron los griegos.
¿Y el agua? Bruselas ordenó la privatización del agua. La Mancomunidad de Municipios de Tesalónica organizó un referéndum. El gobierno griego intentó prohibirlo, lo declaró ilegal. La democracia es ilegal en el país que la inventó. A pesar de todo se llevó a cabo con la presencia de observadores internacionales. El resultado fue que el 97,8% de la población estaba en contra de la privatización. Aún así, se privatizó, pero el Tribunal Supremo lo declaró ilegal.
El pasado de la gran coalición griega entre derecha y socialistas es tan vergonzosamente indefendible que a ninguno de sus cómplices en España se le ocurre traer a colación ni una sola de sus medidas. En su lugar, todo se plantea en términos de orden-desorden, seguridad-incertidumbre, conocido-desconocido. Esto avanza los términos del combate argumental que se producirá aquí durante este año.
Fuente: 'diagonalperiodico.net/global/25451-lo-nos-ocultan-grecia-y-syriza.html'
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