Después de amenazar con vetar la redacción final de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) (1) anual en parte porque prohíbe el traslado de los presos de Guantánamo a Estados Unidos y endurece las trabas para enviarlos a otros países, Obama cedió. Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que Obama aprobaría la ley, que fue aprobada por la inmensa mayoría del Congreso y el Senado. [El candidato demócrata a la presidencia en 2016] Bernie Sanders fue uno de los tres senadores que votaron en contra.
Casi siete años después de la promesa de Obama continúan en Guantánamo 112 hombres, la mitad de los cuales han obtenido una autorización para ser puestos en libertad. Obama ha puesto en libertad a 54 presos y está revisando los casos de otros que siguen encarcelados.
En marzo de 2011 Obama dictaminó que 46 hombres continuaran en presión indefinida sin juicio, aunque prometió revisar periódicamente sus casos. La detención arbitraria viola el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, un tratado que ha ratificado Estados Unidos, por lo que según la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos forma parte de la legislación estadounidense.
Las revisiones periódicas no empezaron hasta noviembre de 2013, espoleadas por las huelgas de hambre en la cárcel. Se siguen haciendo revisiones. A consecuencia de ellas se autorizó la libertad de otros 14 hombres y cinco de ellos han sido liberados.
En abril de 2013 Obama afirmó: “Creo que es fundamental para nosotros entender que Guantánamo no es necesario para mantener la seguridad de Estados Unidos [. . .] Perjudica nuestra imagen internacional [. . .] Es una herramienta de reclutamiento para extremistas. Se debe cerrar ”. Aún así, continúa abierta.
Una de las restricciones que se pusieron a los traslados exigía que el secretario de Defensa notificara al Congreso 30 días antes del traslado que este sería beneficioso para la seguridad. Pero para evitar su responsabilidad personal en caso de que un preso se convirtiera en terrorista, el ex secretario de Defensa Chuck Hagel dudó en autorizar los traslados. En realidad solo un 7% de los presos liberados durante el mandato de Obama volvió a la actividad terrorista en comparación con un 19% que lo había hecho durante la presidencia de Bush.
Según se ha informado Obama prepara un plan para acelerar los traslados de la mitad de los presos que quedan en Guantánamo a sus países de origen o a terceros países que deseen acogerlos. El plan también establecerá nuevos protocolos de seguridad para impedir que los presos vuelvan a la actividad terrorista una vez liberados.
Varios expertos militares están inspeccionando cárceles en Estados Unidos para un posible traslado de los presos. Entre estas cárceles se incluyen la de Fuerte Leavenworth en Kansas, la Prisión Naval Consolidada de Charleston en Carolina del Sur y la cárcel de máxima seguridad estadounidense de Florence en Colorado.
A pesar de la NDAA, Obama tiene poder para cerrar Guantánamo. El ex consejero de la Casa Blanca Gregory Craig y el ex enviado especial para el cierre de Guantánamo Cliff Sloan mantienen que “el presidente no necesita la autorización del Congreso para actual”. Ambos escribieron en el Washington Post: “Según el Artículo II de la Constitución, el presidente es el único que tiene autoridad para determinar en qué instalaciones se encarcela a los presos militares [. . .] La determinación del lugar en el que encarcelar a los presos es un veredicto táctico que está en el mismo centro del papel del presidente como comandante en jefe”.
Según Craig y Sloan, “el supuesto veto del Congreso a financiar todo movimiento de presos de Guantánamo a Estados Unidos restringe los lugares en los que se puede encarcelar a los presos bajo la ‘ley de guerra’ e impide al presidente cumplir con la función que le asigna la Constitución de tomar decisiones militares tácticas. Por consiguiente, viola la división de poderes”.
El teniente coronel David Frakt, que ha representado a presos de Guantánamo en comisiones militares y en procedimientos federales de habeas corpus, coincide con ellos: “Cuando el gobierno Obama verdaderamente quiera trasladar a un preso es muy capaz de hacerlo”, escribió en JURIST. Afirmó que Obama debería ordenar a su fiscal general informar al Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia que el Departamento de Justicia ya no considera que se deba mantener en prisión a los presos cuya libertad se ha autorizado.
El coronel Morris Davis, ex fiscal jefe de los juicios sobre terrorismo de Guantánamo, acusó personalmente al chófer de Osama bin Laden Salim Hamdan, al australiano David Hicks y al adolescente canadiense Omar Khadr. Los tres fueron condenados y han sido liberados de Guantánamo. “Hay algo profundamente erróneo en un sistema en el que no ser condenado por un crimen de guerra te mantiene encarcelado indefinidamente y una condena por un crimen de guerra supone el billete de vuelta a casa”, escribió Davis a Obama.
De los 780 hombres encarcelados en Guantanamo desde 2002 solo ocho fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra. De ellos, solo tres permanecen en Guantánamo.
Muchos de los presos denunciaron haber sido agredidos, haber estado encadenados de forma prolongada, haber sufrido abusos sexuales y haber sido amenazados con perros. El abogado australiano Richard Bourke, que ha representado a varios presos de Guantánamo, denunció que habían sido sometidos a la “buena tortura a la antigua”. Se somete a la alimentación forzosa a aquellos presos que emprenden huelgas de hambre, una práctica que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante. Al menos siete hombres han muerto en esta prisión.
Estados Unidos ocupa ilegalmente Guantánamo desde 1903, tras la guerra de independencia de Cuba contra España. Se obligó a Cuba a introducir en su Constitución la Enmienda Platt, que garantizaba a Estados Unidos el derecho a intervenir en Cuba como requisito previo a la retirada de tropas estadounidenses del resto de Cuba. Esta disposición proporciona la base para el Acuerdo de 1903 sobre Estaciones Carboneras y Navales, que otorgó a Estados Unidos el derecho a utilizar la bahía de Guantánamo “exclusivamente como estaciones carboneras o navales y para ningún otro propósito”.
En 1934 el presidente Franklin D. Roosevelt firmó un nuevo tratado con Cuba que permitía a Estados Unidos permanecer en la Bahía de Guantánamo hasta que Estados Unidos la abandonara o hasta que tanto Cuba como Estados Unidos accedieran a modificar su acuerdo. Según ese tratado, “las estipulaciones del Acuerdo [de 1903] respecto a la base naval de Guantánamo continuarán en vigor”. Eso significa que la Bahía de Guantánamo se puede usar con otros propósitos que no sean bases navales o carboneras. El Artículo III del tratado de 1934 también afirma que Cuba arrienda la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos “para estaciones navales o carboneras”. En ninguna parte de ninguno de los tratados Cuba otorgó a Estados Unidos el derecho a utilizar la Bahía de Guantánamo como un campo de prisioneros.
El ex presidente cubano Fidel Castro ha mantenido durante mucho tiempo que Guantánamo es parte de Cuba y que Estados Unidos lo ocupa ilegalmente. Una de las exigencias del presidente cubano Raúl Castro para formalizar las relaciones con Estados Unidos es que este devuelva Guantánamo a Cuba.
En caso de que se pueda probar que un preso ha cometido un delito debe ser enviado a Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal federal. El resto de los presos deben ser enviados a sus países de origen o en terceros países si eso no es factible. Una vez cerrado el campo de prisioneros, Obama debería devolver la Bahía de Guantánamo en Cuba, su propietario legítimo.
Marjorie Cohn es profesora de la Escuela de Derecho Thomas Jefferson, ex presidenta del Gremio Nacional de Abogados y vice secretaria general de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas. Su libro más reciente es Drones and Targeted Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues. Véase www.marjoriecohn.com.
(1) La National Defense Authorization Act (NDAA, Ley de Autorización de Defensa Nacional) es una ley federal estadounidense que especifica el presupuesto y los gastos del Departamento de Defensa estadounidense. (N. de la t.)
Traducido del inglés para Rebelion por Beatriz Morales Bastos
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